El proceso penal constituye el instrumento que ha previsto el legislador a fin de materializar el «ius-penuiendi» estatal sobre aquellos que han lesionado o puesto en peligro los bienes jurídicos más importantes de la persona, el Estado y la sociedad. Estando a que el Derecho penal reporta casi efectos nulos, en la prevención de la conducta criminal, todos los reflectores se direccionan a la persuación penal, ante una sociedad patente de una delincuencia, que adquiere ribetes de grave alarma social ante la violencia estructural que padece nuestro país ya de tiempo atrás.
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