Los comportamientos de acoso y de chantaje sexual son, sin duda, comportamientos que afectan la libertad de las víctimas en diversas dimensiones y, por ello, generan rechazo social. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del Estado a este problema social? Primariamente, como lo muestran diversos estudios, su regulación y su tratamiento deben estar en ámbitos ajenos al derecho penal.
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